CCOO alarma de que las ofertas millonarias a empresas privadas y la mala gestión del Ministerio del Interior respecto a la patrulla de helicópteros de la Dirección General de Tráfico ha forzado el cierre de la unidad, que ya no vuela desde el 1 de septiembre.
Como tristemente ha quedado demostrado este verano con las emergencias de los incendios, resulta imprescindible blindar estos servicios esenciales para la protección de la ciudadanía. CCOO advierte de que la seguridad vial no es un negocio y exige al Gobierno que explore las vías públicas de avance necesarias para reactivar estas unidades.
En el caso de las unidades que prestan sus servicios desde Valencia, esta situación afectará al control y a la seguridad de los desplazamientos que se produzcan en la Comunidad de Murcia.
Desde CCOO ya se lanzó la voz de alarma en el pasado mes de julio: "los helicópteros pertenecientes a la UMA de la DGT dejarán de volar a partir de septiembre", avisaba Fernando García Castro, secretario general de la FSC-CCOO en el Ministerio del Interior. Todo ello debido a la finalización de los contratos que hacen posible que las aeronaves puedan volar con los requisitos pertinentes, a lo que se suman los graves problemas de personal que existen en la unidad -con algunas de sus patrullas llegando a niveles de desocupación de casi un 50% entre las plantillas de pilotos y de personal mecánico-, además de la línea de priorizar la privatización en la gestión seguida por los responsables del departamento ministerial.
Ante esta situación, el sindicato reseña que desde el Ministerio del Interior no se han atajado todos estos conflictos que afectan a la Unidad y que han derivado en su parálisis actual. Los responsables del departamento ministerial no han lanzado las Ofertas de Empleo Público (OPE) necesarias para paliar el déficit de efectivos. "Desde el año 2023, CCOO viene demandando soluciones que enfrenten con garantías legales y públicas el arco contractual que afecta de esta forma a la UMA, al tiempo que hemos venido exigiendo que se destinasen los recursos necesarios para configurar una OPE que lograse acabar con el alto número de vacantes que están ahogando este servicio esencial que garantiza la seguridad vial de la ciudadanía.", reseña García Castro.
En este sentido, y al hilo de los recursos necesarios a los que se hace mención, el sindicato presentó en 2024 a los gestores de la DGT, y posteriormente al Ministerio del Interior, una propuesta de mejora sobre la UMA y sobre otros servicios, que son los encargados de la seguridad vial dentro del organismo, como lo son también los Centros de Gestión de Tráfico y los Investigadores de la Seguridad Vial. La base de dicha propuesta era la autofinanciación para acometer estas mejoras que, como el tiempo ha demostrado, eran necesarias para poder garantizar la continuidad del servicio. A este respecto, en la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se cita la "obligación de destinar las sanciones económicas a la financiación de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas. El importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones a esta ley, en el ámbito de la Administración General del Estado, se destinará íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas."
"Por contra, y en lugar de afrontar presupuestariamente de esta forma el delicado escenario que atraviesa la UMA, el Ministerio del Interior ha decidido no hacer uso de esta recaudación en un servicio público y revertirlo así en un bien para la ciudadanía, sino que lo que ha hecho es ofertar un contrato de 40 millones en 4 años a una empresa privada", denuncia García. Desde el sindicato muestran su preocupación por la decisión estratégica tomada en Interior de privatizar todos los servicios de los que dependen las aeronaves, centralizando todos sus requerimientos en este único contrato, con una única empresa, abriendo las puertas de la seguridad en carretera a la especulación de negocio dentro de la DGT. Algo que ya sucede en los Centros de Gestión de Tráfico, donde actores privados ya cuentan con contratos de más de 30 millones bianuales para realizar tareas dentro de estos Centros de Pantallas.
La Unidad de Medios Aéreos y los Centros de Gestión de Pantallas son dos herramientas que se han demostrado sobradamente como pilares de la prevención de la seguridad vial, y que a partir de 1989 han logrado reducir en un 80 % el número de personas fallecidas en accidentes de tráfico. En el caso de los Centros de Gestión, CCOO denuncia la política de privatización que ha seguido la Administración en estas infraestructuras críticas y servicios esenciales. En los Centros actuales se controlan más de 1.700 cámaras, 2.000 paneles informativos y 2.400 estaciones de toma de datos, además de varias zonas con carriles reversibles. "Esto permite realizar advertencias y enviar asistencia en los casos de accidentes, además de otras situaciones que se dan en la red de carreteras", señala el representante sindical. Por otro lado, el cierre de la Unidad de Medios Aéreos deja sin volar a unas patrullas que desde las bases con las que se cuenta en Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, A Coruña y Valladolid, cubren la totalidad de la seguridad vial de todo el territorio nacional.
Por ello, el sindicato afirma que la seguridad en la carretera ni se privatiza ni es un negocio, y exige a la DGT y al Ministerio del Interior la responsabilidad de acometer las reformas necesarias para explorar vías públicas de avance que blinden los mencionados servicios que contienen infraestructuras críticas y esenciales.
